En un momento en que el Gobierno intenta acercar posiciones entre productores agropecuarios y la industria semillera para avanzar hacia una nueva ley de semillas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó avanzar con la adhesión al convenio internacional UPOV-91, que regula la protección de las nuevas variedades vegetales. La entidad recordó que ese acuerdo es parte de los compromisos asumidos por Argentina en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y advirtió que, si no se cumple, habrá que evaluar las posibles consecuencias para la relación bilateral.
“El gobierno buscó resolver el tema de propiedad intelectual mediante una nueva ley de patentes, pero no funcionó. Parece que están buscando una salida, y aprobar UPOV-91, junto con una ley de patentes razonable de los años 90, sería lo más conveniente para nuestras empresas”, afirmó Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina, al conversar con periodistas en la sede de la entidad, en Buenos Aires. Añadió que no estima necesario un punto intermedio entre las demandas de ambos sectores, que son clave para acelerar las exportaciones.
Estas declaraciones se dan en un marco donde la industria semillera ha manifestado su intención de acordar una salida con el Gobierno y con las entidades rurales para avanzar con una nueva ley de semillas. Aun con las diferencias, las conversaciones continúan. En paralelo, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) amplió las excepciones al uso propio para abarcar a un mayor número de productores. Desde el sector se sostiene que una nueva legislación podría fijar reglas claras tanto para productores como para las empresas.
Uno de los temas centrales es el uso propio, que permite a los productores guardar parte de las semillas para resembrar. Las discusiones buscan definir quién debe pagar por esa reutilización, qué productores quedan exentos y durante cuántos años se cobrarán regalías. Las propuestas difieren: las entidades rurales hablan de que el pago alcance al 30% de los productores de mayor escala, mientras que la industria planteó cubrir al 60% y, a la vez, amplió las excepciones sin precisar nuevos límites. También hay discordancias sobre la duración de la cobranza: tres años desde la compra de la semilla propuestos por los agricultores frente a plazos de hasta 20 años defendidos por la industria. A esto se suman diferencias sobre la adhesión a UPOV-91, que las entidades rurales rechazan como marco para la nueva regulación.
Díaz aclaró que AmCham no participa directamente de las negociaciones y que, si bien mantuvo conversaciones con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la entidad no representa a las partes en el proceso.
