Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – El gobierno provincial de Gustavo Melella encara una disputa por coparticipación con Río Grande, que elevó el reclamo a 18.000 millones de pesos, según la actualización difundida por el intendente Martín Pérez. La cuestión escaló a una intimación formal al Ministerio de Economía y obtuvo respaldo de autoridades del Concejo Deliberante y de varios organismos municipales.

Pérez informó el 27 de octubre que la cifra había crecido en 2.000 millones respecto de los 16.000 millones que había comunicado previamente ante los concejales. Sostuvo que la ambigüedad en los giros dificulta negociar futuros incrementos salariales y coordinar la prestación de servicios en la ciudad.

La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, confirmó la intimación y describió la situación como una presión financiera severa. Al hablar de una deuda que superaba los 17.000 millones, señaló que equivalía al presupuesto total del sistema municipal de Salud.

Capotorto afirmó que el reclamo corresponde a recursos que, según la administración local, ya habrían ingresado a la Provincia. Distinguió la caída de la recaudación de la falta de remisión de fondos que, para el Municipio, deben pertenecerle.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, denunció demoras de hasta 45 días y responsabilizó al Ejecutivo fueguino por desfinanciamiento, vinculando el reclamo con áreas como el agua y las cloacas, la salud municipal, el transporte y la asistencia alimentaria.

El conflicto reunió el lunes 26 a representantes del Ejecutivo local, concejales, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas. En un comunicado publicado el 27, el Deliberante confirmó el respaldo a las acciones de reclamo y pidió una reunión con Melella.

La presidenta del Concejo, Guadalupe Zamora, advirtió que las transferencias actuales alcanzan apenas para cubrir salarios y dejan poco margen para sostener prestaciones. Reiteró que el objetivo es una distribución adecuada de los recursos, más que una ayuda extraordinaria.

Pérez afirmó que el pago de los haberes está garantizado. Reconoció la reducción de ingresos provinciales, pero insistió en que el punto central es cómo se distribuyeron los fondos efectivamente percibidos.

La intimación al Ministerio de Economía quedó ratificada por la Secretaría de Finanzas y el reclamo de Río Grande elevó la cifra a 18.000 millones, según lo comunicado por el intendente el martes.