El exdiputado libertario José Luis Espert fue procesado por un juzgado federal por lavado de dinero, en relación con una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría. El dinero habría sido enviado por el empresario Federico “Fred” Machado, quien está procesado en Estados Unidos por lavado de activos y fraude.

A través de sus redes sociales, Espert afirmó que la imputación se basa en una prueba que el propio juzgado aún no posee. Su defensa informó a la Cámara Federal de San Martín que presentó ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro dos recursos de apelación contra el auto del 22 de octubre que lo procesó por lavado de activos y que también dejó procesada a Varianza S.A., la sociedad de consultoría constituida por él y su esposa en 2019. Pidieron que la Cámara revoque esa decisión, dicte su sobreseimiento y levante el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de viajar.

En su cuenta de X, Espert describió que el fallo dio por probado que los 200.000 dólares recibidos en 2020 como anticipo de un contrato provenían de un delito, que el contrato era simulado y que la operación, realizada desde su cuenta y utilizada a su nombre, equivalía a un lavado. También señaló que el tribunal no dispuso prisión preventiva, aunque sí mantuvo el embargo y la prohibición de salir del país, y que descartó buena parte de lo pedido por la Fiscalía.

El exdiputado señaló, además, que ni el fideicomiso de la costa ni el vehículo adquirido a fines de 2024 guardarían relación con ese dinero, y que el fallo no identificó beneficiarios ni un origen probado. Según su criterio, la imputación quedó centrada en la transferencia proveniente de Estados Unidos, su destino en dos automóviles y la contabilidad de una empresa; y sostuvo que “se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”.

Espert afirmó que presentó apelaciones tanto contra su procesamiento como contra el de su empresa, argumentando que el fallo es contradictorio, sesgado, carente de pruebas y con tintes políticos. Aseguró que, en su óptica, el dinero no tuvo origen comprobable ni destinatario claro y que, por lo tanto, no ocurrió el supuesto delito.