Inversores vinculados a la operatoria del criptoactivo LIBRA presentaron una apelación contra el fallo que dejó sin procesamiento a los hermanos Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados. Los querellantes, que habían sido apartados del expediente, buscan que la Cámara Federal de Casación Penal restituya formalmente su condición de damnificados y reconsidere el cierre definitivo de la causa.

El fallo apelado fue dictado a partir de una solicitud del fiscal investigador Eduardo Taiano y declaró la clausura de la causa, entendiendo que las conductas denunciadas no se encuadraban en delito alguno tipificado en el Código Penal. La primera toma de intervención la realizó Juan Patricio Marchetto, que cuenta con la representación del diputado nacional Juan Grabois y del abogado Nicolás Rechanik. Posteriormente se sumaron a los recursos Martín Romeo, especialista en criptomonedas, y dos ciudadanos de nacionalidad bielorrusa que afirman haber perdido unos dos millones de dólares; ambos fueron asistidos legalmente por Nicolás Oszust. El juzgado debe evaluar la viabilidad de estos planteos para, en su caso, remitirlos a la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En un escrito de 40 páginas, la defensa de Marchetto sostuvo que la resolución genera un daño “irreparable” por una fundamentación que, a ojos de los querellantes, resulta arbitraria. Señaló contradicciones al equiparar la “insuficiencia probatoria” con la “atipicidad” de los hechos, subrayando la diferencia entre no acreditar plenamente un delito y declarar que los hechos no tienen carácter penal.

Por su parte, la defensa de Romeo y de los inversores extranjeros solicitó la nulidad absoluta del dictamen fiscal y del subsiguiente sobreseimiento. Alegaron vulneración del derecho de las víctimas a pedir la revisión de la decisión ante un fiscal de Cámara, previsto en el artículo 80, inciso j, del Código Procesal Penal Federal. Afirman que esa garantía tiene plena aplicación en todo el país, mediante la interpretación de la Comisión Bicameral del Congreso desde 2019, independientemente de que el trámite principal se rija por el código anterior.

Entre las evidencias mencionadas para justificar la profundización de las diligencias, se cita el contrato “Kelsier Group LATAM Agreement”, que preveía montos multimillonarios y mencionaba una “asociación indirecta con el gobierno argentino”. También se aluden registros telefónicos que muestran comunicaciones entre el trader Mauricio Novelli —co-imputado— y el Presidente del país en torno al lanzamiento público del activo digital. Los querellantes remarcaron, además, que el fiscal omitió llamados a declaraciones indagatorias durante toda la instrucción.

Respecto a los peritajes, las partes aludieron a ese tramo de la prueba, aunque el material disponible no detalla conclusiones definitivas en este tramo del debate.