La Libertad Avanza logró, en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, un dictamen de mayoría para el proyecto denominado Defensa de la Soberanía Nacional. Participaron 104 diputados, de los cuales 60 respaldaron el texto, que recibió el apoyo de dirigentes y bloques afines al oficialismo opositor.

El respaldo institucional para el dictamen de mayoría provino principalmente de La Libertad Avanza, del PRO, de la UCR y de un sector de Provincias Unidas, además de Adelante Buenos Aires y Argentina Federal. Este último grupo firmó el documento con una disidencia parcial. En tanto, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 firmas, y desde el Frente de Izquierda optaron por rechazar la iniciativa.

También existió un segundo dictamen, con cuatro firmas de Provincias Unidas y otro presentado por Myriam Bregman (Frente de Izquierda) que movilizó un pronunciamiento de rechazo.

Entre los ejes centrales del proyecto figura la creación de un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y las áreas marítimas correspondientes. El texto prevé penas de prisión y multas, calculadas en barriles de petróleo, además de inhabilitaciones para diversas conductas relacionadas con la explotación ilícita de esos recursos, y apunta a incorporar consecuencias económicas para personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de realizar ciertas actividades en el país, de contratar con el Estado o de acceder a beneficios fiscales y previsionales.

También se plantean modificaciones en la arquitectura de seguridad nacional y en aspectos de la legislación de inteligencia, además de cambios en la estructura de herramientas estatales para la defensa de la soberanía.

Durante el debate, la postura de la Unión por la Patria fue crítica respecto del procedimiento y del contenido de la iniciativa. Algunas diputadas y diputados expresaron reservas sobre la manera en que se llevó adelante la firma de dictámenes y la forma de presentar el texto ante los pares.

La diputada Agustina Propato calificó el dictamen como un trámite ambiguo y acelerado. Por su parte, Juan Marino cuestionó que se avancara sin entregar el texto para su revisión, y pidió además la renuncia del canciller Pablo Quirno. Juan Grabois preguntó si existieron modificaciones a pedido de actores extranjeros; el presidente del plenario, Carlos Zapata, respondió que no tenía la respuesta a esa consulta.

Germán Martínez (Unión por la Patria) reclamó que se tengan en cuenta las propuestas de su bancada. Myriam Bregman (Frente de Izquierda) criticó que la oposición tomara conocimiento de las firmas de dictámenes a través de los medios de comunicación.

El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto el próximo 12 de noviembre para su tratamiento definitivo.