La Cámara de Diputados volverá a tratar, este martes, la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, en una nueva ronda de negociaciones con bloques aliados. La propuesta propone endurecer sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y contempla reformas en defensa, seguridad e inteligencia, pero aún no cuenta con los respaldos suficientes para emitir dictamen.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue citado para las 16 horas, con la presencia de invitados que aportarán sus exposiciones sobre la iniciativa. Aun así, el oficialismo no tiene aseguradas las firmas necesarias para avanzar con el dictamen, y el tratamiento del proyecto continúa condicionado por las diferencias con los sectores dialoguistas.

La discusión se pospuso previamente luego de que La Libertad Avanza no lograra cerrar un acuerdo con sus aliados. Si bien hay coincidencia en reforzar las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina, persisten discrepancias en otros apartados del texto.

Entre los principales cuestionamientos figura la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encabezado por el Presidente que quedaría a cargo de la coordinación estratégica de áreas como defensa, inteligencia, seguridad y política exterior.

También hay reparos sobre las atribuciones para responder ante amenazas graves, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles, y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos vinculados con la seguridad interior.

Otro punto de debate es el artículo 111, referido a campañas de desinformación y a acciones que buscan alterar procesos electorales o afectar el orden público. Las críticas se concentran en la precisión de las figuras penales y en posibles efectos sobre la libertad de expresión.

En las negociaciones, el oficialismo aceptó delimitar las empresas que pueden ser sancionadas y afinó la redacción relacionada con campañas de desprestigio y desinformación para acotar mejor las conductas alcanzadas.

El proyecto del Poder Ejecutivo propone endurecer las sanciones para personas y empresas que participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos circundantes. La iniciativa amplía las restricciones vigentes, introduce nuevas consecuencias penales y prevé un registro público de infractores.

Sin embargo, su alcance excede ese objetivo inicial: también propone herramientas de coordinación estatal ante amenazas externas, incorpora disposiciones sobre inteligencia y financiamiento extranjero de actividades políticas, y modifica aspectos vinculados con la protección de infraestructuras críticas.