El proceso de desguace del Estado dio un nuevo paso con la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que prestaba servicios médicos a las familias de militares, gendarmes y prefectos. La medida forma parte de la reconfiguración de la estructura de salud en el ámbito de las Fuerzas Armadas y se enmarca en el proceso de creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), anunciada en febrero pasado.
El decreto 1286/26 señala que el traspaso de personal hacia el nuevo organismo castrense estará limitado, con el objetivo de evitar desequilibrios financieros y presupuestarios. En la práctica, la norma busca encauzar la transición sin desbordes en las cuentas públicas, al menos durante el periodo de implementación de la OSFA.
La OSFA, concebida como el nuevo marco institucional para las prestaciones de salud en el ámbito militar, aún está en gestación y determinadas funciones y plantillas deben definirse. Fuentes oficiales indicaron que la autoridad correspondiente continuará delineando criterios para la integración de personal y la continuidad de los servicios.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que detrás de la decisión se esconde la entrega de las prestaciones a dos empresas gerenciadoras amigas, calificando la maniobra como un beneficio para esas firmas y no para los trabajadores. Según su estimación, la disolución podría implicar la desaparición de unas 1.450 posiciones laborales, y anunció una movilización para este jueves frente al Ministerio de Defensa para manifestar su rechazo a la medida.
