La discusión sobre el marco regulatorio de la salud privada en Argentina se reabrió ante la propuesta de reemplazar la emergencia sanitaria, vigente desde 2001, por una norma de carácter permanente. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y quedó en manos de dos comisiones, Salud y Presupuesto y Hacienda, debido a su impacto fiscal.

Según explicó el diputado Manuel Quintar (La Libertad Avanza, Jujuy), presidente de la Comisión de Salud, la iniciativa pasó a Salud y a Presupuesto y Hacienda para analizar además posibles costos fiscales que pueda generar. El dirigente indicó que el trámite debe avanzar en esas áreas antes de su tratamiento en recinto.

La normativa vigente logró evitar cobros forzosos durante 25 años, pero no eximió a las instituciones de aportes, contribuciones e impuestos. En ese marco, los pasivos continúan siendo exigibles y podrían reclamar si la protección se extingue sin una salida legislativa.

Quintar sostuvo que la salida de la emergencia sanitaria implicaría que AFIP habilite de inmediato la ejecución de los créditos, por lo que advirtió sobre efectos directos para establecimientos ya endeudados. El proyecto, aclaró, apunta a los prestadores privados de salud, sin limitarse exclusivamente a las empresas de medicina prepaga, e incluye clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios privados y geriátricos.

El diputado describió a este conjunto como una red que llega a vecindarios y a el interior del país. “El financiador es la prepaga; pero cuando hablamos del sector privado de efectores de la salud, hablamos de clínicas de barrio y de las que están en las zonas más alejadas del interior”, afirmó.

La propuesta busca evitar un cambio abrupto en el régimen fiscal que pudiera afectar la continuidad de las prestaciones. En su visión, el peso del sector privado en el sistema de salud es considerable: según Quintar, directa e indirectamente emplea a aproximadamente 1,5 millones de argentinos. En ese marco comparó la magnitud del sector con otras actividades productivas: la minería, estimó, genera unos 115.000 empleos.

Citando datos de entidades empresarias, Quintar afirmó que entre el 65% y el 70% de la población argentina se atiende en el sector privado, según un informe de ADECRA reciente. Además, señaló que alrededor del 55% de las camas disponibles en el país son de propiedad privada.

El proyecto plantea un marco estable para las instituciones privadas de salud y busca evitar que un giro repentino en la política fiscal ponga en riesgo la continuidad de la atención para la población.