Tras completar la primera etapa de privatización de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y avanzar en otros 6.000, el Ejecutivo presentó un proyecto para incorporar a la concesión corredores de caudal medio y bajo mediante un conjunto de estímulos fiscales y promociones que emulan al régimen conocido como RIGI.

El articulado fue presentado por el senador Enzo Fullone, de La Libertad Avanza por Río Negro, quien impulsa el Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE). Según el legislador, la idea es trasladar la lógica de incentivos que ya mostró frutos con el RIGI a rutas con menor tránsito, para hacer viable la participación del capital privado.

Fullone afirmó que el proyecto cuenta con el visto bueno del Gobierno, en particular del Ministerio de Economía, para su exposición en el Congreso. El planteo propone un esquema de beneficios fiscales que varía de acuerdo con el nivel de tránsito de cada corredor: a menor tránsito, mayor the incentivo con el objetivo de estimular inversiones que, de otro modo, podrían no resultar atractivas para el sector privado.

Entre las novedades, el RIIVE establece un mecanismo de “preadhesión” para que las empresas interesadas puedan verificar de antemano si cumplen los requisitos para acceder a los incentivos antes de presentar ofertas. La inversión máxima contemplada para acogerse al régimen es de hasta 20 millones de dólares.

Los beneficios para las rutas bajo este régimen incluyen una reducción del Impuesto a las Ganancias: del 35% pasa al 25% en tramos de tránsito medio y al 15% en los de tránsito bajo. El senador subrayó que una ruta con bajo tránsito no es menos necesaria, sino menos rentable, y puso como ejemplo que esos tramos conectan a estudiantes, pacientes y productores con servicios y mercados, por lo que buscan atraer inversión privada para su desarrollo.

Además de la reducción impositiva, el proyecto contempla otras herramientas: amortización acelerada de los activos muebles vinculados a las obras; pérdidas fiscales con plazo ilimitado y actualizadas; que el 100% de lo abonado por el impuesto a débitos y créditos bancarios pueda computarse como crédito del Impuesto a las Ganancias; y la posibilidad de cancelar el IVA de las inversiones mediante certificados de crédito fiscal.

En lo institucional, no se exigiría aranceles de importación para bienes de capital, repuestos y componentes destinados a las obras, facilitando la llegada de insumos y equipos necesarios.

Si llega a aprobarse, los peajes comenzarían a cobrarse en rutas que hoy no tienen cobran, y que están administradas por Vialidad Nacional. Un ejemplo citado por Fullone fue la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, de unos 100 kilómetros, que tendría un tránsito estimado de alrededor de 5.000 vehículos por día, ubicándose en la categoría de tránsito medio aunque la clasificación final dependerá de la definición del Poder Ejecutivo.

El legislador estimó que los valores de peajes en el país se sitúan entre 2,5 y 2,9 dólares, con un ajuste para camiones, lo que proyecta costos cercanos a los 40 pesos por tramo.