El oficialismo sostuvo que ya está colaborando con la Justicia en las investigaciones sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina con destino a Estados Unidos, y reiteró que no hubo apoyo irregular para su partida. Afirmaron que el procedimiento fue legítimo y que no hubo impedimentos documentados para el paso del dirigente brasileño por el país.

Según La Nación, la Dirección Nacional de Migraciones habría remitido al Ministerio Público los registros de ingreso del excandidato presidencial brasileño y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras requerimientos de la Fiscalía de Misiones. El material aborda movimientos migratorios y antecedentes administrativos asociados al ingreso del senador, su familia y el traslado hacia el aeropuerto. Aún no está claro si se entregaron todas las grabaciones de seguridad, los registros aeroportuarios y otros elementos solicitados en las investigaciones.

La postura oficial es que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que abandonó Argentina por sus propios medios, sin restricciones legales. Sostienen que se respetaron los procedimientos y que no se detectaron actuaciones contrarias a la normativa argentina. También argumentan que la prohibición judicial de abandonar Brasil debe ser evaluada por autoridades de ese país y que esa prohibición no implica, por sí sola, un obstáculo migratorio en territorio argentino.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente esa interpretación durante una actividad oficial en Rosario. Desde el Ejecutivo indicaron que el senador brasileño ingresó con la documentación correspondiente y que no existían impedimentos de Interpol para su tránsito. La defensa oficial se centra en la ausencia de una orden de captura internacional o de una restricción registrada que obligara a las autoridades argentinas a impedir su ingreso.

La entrega de la documentación se dio en un marco en el que la Justicia federal inició actuaciones para determinar si existieron delitos durante la estadía de Bolsonaro en Argentina. En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes del Ejecutivo por presunto encubrimiento. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y apunta a esclarecer posibles irregularidades migratorias o incumplimientos de obligaciones legales.

Paralelamente, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, requirió informes a distintos organismos nacionales por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación busca establecer las circunstancias del ingreso del senador y si existían restricciones que afectaran su paso por territorio argentino. Entre las medidas solicitadas figuran registros migratorios, documentación aeroportuaria y elementos vinculados con la operación del vuelo privado.

Uno de los ejes centrales de las pesquisas es determinar con precisión si existieron restricciones o irregularidades durante el tránsito y qué responsabilidades, en su caso, podrían derivar de ello.