El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respondió a una consulta realizada por el equipo legal que representa a la expresidenta Cristina Kirchner y dejó en claro que no emitirá una resolución rápida respecto a su petición de revisión de la condena y de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En la nota difundida por el organismo se señala que, dada la carga de expedientes que maneja el comité, la admisibilidad y el fondo de cada caso suelen demorar varios años.

Los abogados de Kirchner presentaron formalmente el martes 29 de septiembre un pedido ante la ONU para revisar la condena de seis años de prisión impuesta por la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para cargos públicos. En la misma iniciativa, solicitaron la suspensión de la pena de inhabilitación antes de que se emita un fallo definitivo.

En la adenda, los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego denunciaron actos de intimidación vinculados a la noticia pública de la audiencia y al propio proceso, entre ellos la difusión de imágenes del allanamiento de la vivienda privada de Kirchner, lo que, afirman, vulnera el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa fundamentación fue presentada ante el Comité como parte de la respuesta al interés de la República Argentina.

La respuesta de la ONU no implica un rechazo al planteo, sino que el Comité deberá decidir si admite a trámite la presentación y, en su caso, avanzar en el análisis de fondo. El caso relevante es Vialidad, que fue confirmado por la Corte Suprema en junio del año anterior, y en el que Kirchner busca impugnar internacionalmente la sentencia.

La adenda, de acuerdo con LA NACIÓN, apunta a tres hechos de especial relevancia. En primer lugar, advierte sobre una serie de actos de intimidación ocurridos tras la presentación ante el Comité, como declaraciones de jueces involucrados en Vialidad, movimientos contra sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde Kirchner cumple prisión domiciliaria— y publicaciones de ataques por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Según el apéndice, estas acciones serían incompatibles con la obligación asumida por Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones ante el Comité.

En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que los abogados consideran decisivo para la causa Vialidad, y, en tercer lugar, se mencionó la intención de incorporar otros antecedentes relevantes para sustentar la revisión. Aunque el documento compartido por el organismo reduce las expectativas de un fallo inmediato, no descarta la posibilidad de que el Comité determine avanzar en el procedimiento.