El escándalo vinculado a la supuesta implicación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro dio su primer paso formal en la Cámara. Una fracción de la oposición solicitó la citación del canciller Pablo Quirno para que aporte explicaciones sobre cómo el ex candidato brasileño logró hacer una escala en Argentina pese a estar impedido de salir de su país.

La iniciativa partió del diputado Pablo Juliano, dirigente radical del bloque Provincias Unidas, quien presentó un proyecto de resolución orientado a escuchar al jefe de la diplomacia. El objetivo es esclarecer si funcionaron o no atajos por parte de funcionarios de la Casa Rosada para facilitar el desplazamiento del dirigente de la ultraderecha brasileña, según lo que señalan informes periodísticos y testimonios recogidos en el aeropuerto desde el que partió rumbo a Estados Unidos.

El texto propone que Quirno explique qué pasó al pasar por Puerto Iguazú, tras salir desde Foz de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. Contiene 91 preguntas y exige la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para determinar si el tránsito por suelo argentino se gestionó por vías regulares o si existió alguna intervención excepcional por parte de funcionarios nacionales.

La iniciativa de citación solicita que el titular de la Cancillería se presente personalmente ante la Cámara para despejar si las autoridades argentinas estaban al tanto de la restricción dictada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si hubo comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial vinculados al movimiento del legislador brasileño.

Además, se busca esclarecer la posible participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y si se emplearon vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida.

Asimismo, se pide identificar quién contrató y financió el vuelo. Este apartado involucra a la empresa Baires Fly SA, señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vínculo con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Juliano también reclama claridad sobre las posibles repercusiones diplomáticas del episodio y la decisión de Argentina de no reconocer de forma pública y oficial la reelección de Lula da Silva. En paralelo, el Presidente argentino fue denunciado por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y otros cargos afines en relación con el hecho, según la denuncia presentada en los tribunales.