La provincia de Tierra del Fuego quedó formalmente incorporada a la causa judicial que busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum al norte de las Islas Malvinas. La decisión fue tomada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, tras una presentación realizada el 23 de septiembre.

La Provincia participará en calidad de tercero, con actuación accesoria y subordinada a la parte actora, en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675. Tomará la causa en su estado actual, sin retrotraer el juicio ni suspender su curso, y la sentencia que se dicte la alcanzará. La magistrada aclaró que la intervención no implica ampliar la demanda ni incorporar pretensiones propias, aunque evaluará los planteos fueguinos cuando se relacionen con el reclamo ambiental.

En la misma resolución, Borruto rechazó el pedido para convocar al Estado Nacional como parte o tercero en el expediente, al considerar que no se acreditó una necesidad concreta que justifique su incorporación en este momento; aún así, dejó abierta esa posibilidad ante la eventual aparición de nuevos elementos. Tampoco dio lugar, en los términos solicitados, a fijar condiciones de revisión de la medida cautelar dictada el 16 de septiembre ni a intimar a las empresas a presentar documentación sobre seguros y garantías; esos aspectos podrán evaluarse cuando se incorporen los informes pendientes o existan motivos de tutela ambiental.

La magistrada indicó además que deberá considerarse, en su alcance jurídico, las observaciones, salvaguardas y reservas planteadas por Tierra del Fuego en su presentación, entre ellas la adhesión a la prueba informativa y la reserva del caso federal. La resolución fue notificada a la parte actora, al fiscal de Estado provincial y al Ministerio Público Fiscal.

Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) celebraron la decisión y destacaron que la cautelar permanece sin modificaciones. Señalaron que la admisión de la Provincia implica un reconocimiento de los intereses ambientales e institucionales en juego y calificaron la medida como un nuevo avance en una disputa que excede lo meramente petrolero.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, apoderado de CECIM La Plata, dijo estar satisfecho con la evolución del expediente y afirmó que esperan que se hagan efectivas las notificaciones a las empresas. También subrayó la necesidad de que el Gobierno nacional tome postura ante este proceso.